Con el propósito de evitar injusticias al momento de solicitar un crédito, una de las estrategias más efectivas es la educación financiera, que permite a los consumidores tomar decisiones informadas sobre los productos de crédito que utilizan.
No es un secreto que al comprender mejor las tasas de interés, los plazos de pago y los riesgos asociados, las personas pueden evitar caer en trampas financieras. Algunas de las prácticas o iniciativas como talleres y campañas de sensibilización son clave para empoderar a los usuarios sobre dicho tema.
Otra medida esencial es la transparencia en los términos y condiciones de los créditos, las instituciones financieras deben proporcionar información clara y accesible sobre las tasas de interés, comisiones y cualquier otro costo adicional que el consumidor deba asumir. Además, es importante que los contratos sean redactados de manera comprensible, evitando el uso de tecnicismos que puedan confundir a los usuarios y llevarlos a comprometerse con deudas que no entienden completamente.
La regulación y supervisión de las entidades financieras también es crucial para evitar abusos, ya que los gobiernos y los organismos reguladores deben establecer normativas que limiten las tasas de interés excesivas y controlen las prácticas de cobro abusivas. Además, se deben implementar sanciones estrictas para aquellas instituciones que no cumplan con las normas establecidas, lo que contribuirá a disuadir prácticas injustas y a proteger mejor a los consumidores.
Daniela Zuluaga, Abogada Especialista en Derecho al Consumidor afirma que “Claramente existe una brecha de conocimiento en las relaciones comerciales entre los Bancos y el público corriente que adquiere este tipo de servicio, y debido a que estos últimos, toman decisiones financieras sin saber a ciencia cierta a las condiciones que se está obligando, es decir que en este tipo relación se encuentra una parte profesional que corresponde a las entidades financieras y una parte desconocedora, que corresponde al usuario.
En vista de esa desigualdad, el sistema normativo Colombiano, ha determinado entre los principios que rigen esta actividad, el cumplimiento del principio de Transparencia e Información Cierta, Suficiente y Oportuna, en relación de ese principio actualmente en derecho se habla del legal design, que corresponde a una metodología, en donde el consumidor pueda entender en un lenguaje claro y hasta por medio de diagramas y diseños, el alcance de sus obligaciones; es decir que existe un avance y una diferencia en el trato del consumidor financiero en donde se interesa por que este realmente comprende las condiciones del contrato.
Finalmente debemos referir que aparte de la basta normativa que rige esta actividad, también se ha dispuesto por medio del Estatuto del Consumidor, la acción de protección al consumidor en donde el usuario que se sienta vulnerado en sus derechos como consumidor, puede acudir a ella; la cual puede ser conocida por la Superintendencia Financiera de Colombia que puede ser un medio más expedito que acudir a un juez ordinario, adicionalmente si sus pretensiones económicas no superan un valor de 40 SMMLV, puede acudir a este medio legal sin la necesidad de la representación de un abogado”. Evidenció Zuluaga.
Tengamos presente entonces, que proteger a los consumidores de prácticas de crédito injustas requiere educación, transparencia, regulación y acceso a mecanismos efectivos de reclamación. Cada paso es crucial para asegurar que los usuarios financieros estén bien informados y respaldados. Es momento de exigir condiciones justas y claras en los productos de crédito que utilizamos. ¡Infórmate, revisa cuidadosamente los términos y defiende tus derechos como consumidor.
Finalmente, es necesario fortalecer los mecanismos de reclamación y resolución de disputas, los consumidores deben tener acceso a canales efectivos para denunciar irregularidades y resolver problemas con las instituciones financieras. Estos mecanismos deben ser accesibles, rápidos y eficaces, brindando a los consumidores la confianza de que sus derechos serán defendidos en caso de ser víctimas de prácticas injustas.
